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inicio 29 / 05 / 2020

Vox Populi

El Gobierno aprueba medidas urgentes en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas urgentes en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social.
 
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo utiliza este instrumento legal al no haber podido tramitar estas cuestiones por la vía parlamentaria ordinaria, al encontrarse en funciones y, por lo tanto, con competencias limitadas.
 
En materia tributaria, la portavoz ha destacado que se prorrogan para el año 2020 los límites de facturación de la tributación por módulos para los trabajadores autónomos. Asimismo, se mantiene la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio para 2020.
 
La norma aprobada actualiza, al alza o a la baja, los valores catastrales de inmuebles urbanos para el próximo año. Un total de 1.092 municipios se acogerán a esta actualización, que se aplicará a partir del 1 de enero.
 
Esta medida, según ha apuntado Isabel Celaá, es consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado también aprobada hoy por el Ejecutivo.
 
Pensiones y Salario Mínimo Interprofesional
 
La portavoz ha anunciado que, en cuanto esté constituido, el Gobierno revalorizará las pensiones un 0,9%, conforme a la subida del Índice de Precios al Consumo de 2019, con efectos retroactivos al día 1 de enero de 2020.
 
En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional, el Ejecutivo ha prorrogado la cuantía vigente hasta que se fije el de 2020 "conforme al diálogo social que ha de mediar entre los representantes de los trabajadores y los de los empresarios".
 
Celaá ha añadido que también se prorroga la "cláusula de salvaguarda" de las pensiones, lo que beneficiará a unos 26.000 trabajadores que habían perdido su empleo antes de agosto de 2011 y que podrán seguir acogiéndose a las condiciones de jubilación previas a esa fecha.
 
62 millones de euros a reparar daños causados por los temporales
 
El Gobierno ha autorizado inversiones por un total de casi 62 millones de euros para reparar los daños causados por la intensidad de las lluvias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó, en el mes de septiembre, a las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, y a diversas zonas costeras.
 
Isabel Celaá ha detallado que se autorizan inversiones por valor de 46,5 millones de euros para arreglar infraestructuras, ríos, cauces y motas y ramblas en las provincias de Alicante, Murcia, Almería y Albacete. Además, se destinan 3,9 millones de euros para efectuar reparaciones similares en zonas asociadas y márgenes de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha.
 
Las costas de las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga recibirán 11,4 millones de euros para paliar destrozos en playas, arenales, sistemas dunares y humedales litorales, atención especial a las zonas incluidas en la Red Natura 2000.
Gestión de residuos nucleares
El Ejecutivo ha fijado en 0,798 céntimos por kilovatio/hora la tarifa unitaria mediante la que se calcula la prestación que las centrales nucleares abonan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) por la gestión de sus residuos. Esta tarifa entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
 
Isabel Celaá ha señalado que esta prestación financia los servicios de gestión de combustible nuclear gastado y de los servicios radioactivos, el desmantelamiento y clausura de las instalaciones y las asignaciones destinadas a los municipios donde se ubican las centrales de producción o instalaciones de almacenamiento de residuos.
 
La portavoz ha explicado que la tarifa no se había revisado desde el 2010, por lo que hay que adecuarla a la variación en las estimaciones de costes futuros elaboradas por ENRESA. Asimismo, ha recordado que la nueva tarifa se ajusta al cierre ordenado y escalonado del parque nuclear español que refleja el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 presentado a la Comisión Europea.
 
Contratos de emergencia con motivo de la COP25
 
El Consejo de Ministros ha autorizado los contratos de emergencias tramitados con motivo de la organización de la XXV Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada del 2 al 15 de diciembre en Madrid.
 
Isabel Celaá ha indicado que la realización de múltiples actuaciones urgentes, algunas de las cuales no podían ser atendidas con los recursos propios de la Administración General del Estado, ha requerido la contratación externa.
 
A falta del cierre definitivo, el monto de los contratos, ha cuantificado, se sitúa en torno a los 50 millones de euros. A ellos habría que añadir 3,1 millones derivados del acuerdo de sede con Naciones Unidas.
 
Estas cifras, ha afirmado la ministra, convertirían a la COP25 en la segunda cumbre con menor coste de los últimos nueve años, tras la COP19 celebrada en Varsovia (Polonia) en 2013, y la sitúan entre las de mayor participación.
 
Gobierno de progreso para 2020
 
Al inicio de su intervención en la rueda de prensa, la portavoz ha manifestado su deseo de abrir una nueva etapa en 2020 con "un Gobierno de progreso en el que la igualdad, la justicia social, el feminismo, el ecologismo y el europeísmo sean los motores" de su acción.
 
Isabel Celaá ha abogado por consolidar el diálogo y la voluntad de entendimiento e integrar las diferencias para asegurar la convivencia dentro de la diversidad territorial y la pluralidad ideológica del país, en el marco del Estado de derecho.
 
Asimismo ha reiterado que salir del bloqueo político es una responsabilidad de quien ha ganado las elecciones, pero también del resto de fuerzas parlamentarias.
 
Acción ejecutiva del Gobierno
 
Celaá ha recordado que en 2019 se aprobó la mayor oferta de empleo público desde 2008, se revirtieron los recortes en Educación y se presentaron la Agenda del Cambio y un Marco Estratégico de Energía y Clima.
 
En material laboral, se puso en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno, el plan de retorno para exiliados y el primer Plan Estratégico de Formación Profesional. Además, se inició la equiparación progresiva, hasta 2021, de los permisos de maternidad y paternidad y se impulsó la protección de las víctimas de la violencia de género.
 
A propósito de los 15 años de la ley integral contra la violencia de género, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un balance de la norma.
 
Por otra parte, el Ejecutivo autorizó que las comunidades autónomas pudieran reinvertir su superávit de 2018, culminó el proceso de exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y España organizó la Cumbre del Clima.
 
Ámbitos económico y judicial
 
En el ámbito económico, Isabel Celaá ha insistido en que hay que tomar decisiones inmediatas para proteger a los más desfavorecidos y atender las necesidades de los ciudadanos.
 
En el terreno judicial, la portavoz ha trasladado que hay que dejar que los tribunales actúen conforme al principio de legalidad. A su juicio, las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea "no pueden ser consideradas como un varapalo para la justicia española" porque no hay dos justicias: "Hay solo una porque España es miembro pleno de las instituciones europeas y los jueces europeos son tan nuestros como los nacionales".
 
En cuanto al Tribunal Supremo, Celaá ha opinado que "aplicará la ley con proporcionalidad y de acuerdo con los principios de legalidad que emanan de la Constitución y del propio Tratado de la Unión Europea".
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