Vox Populi

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

Dudo que nadie, en su sano juicio, fuera a establecerse en un país donde en cualquier intermedio se pudiese legalizar el asesinato, la tortura, o los malos tratos. Y no estoy hablando de una dictadura, puede ser un sistema donde el pueblo elija por mayoría a sus gobernantes, usualmente denominado democrático. Esta premisa, que puede parecer disparatada, no lo resulta tanto cuando vemos que existen regímenes que han dado cobertura legal a delitos como el robo, que, si bien, no reviste la gravedad de los anteriores, sigue siendo una violación flagrante de un derecho natural inherente a cualquier persona.

Sin ir más lejos, la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar YPF, la filial petrolera de Repsol, ha levantado una oleada de reacciones desde todas las naciones sensatas por lo que implica incautar, contra la voluntad de su propietario, un bien que le pertenecía. La última fue la decisión de Evo Morales de quedarse con otra empresa española, concretamente REE, quizás en agradecimiento por perdonarle la deuda y enviarle unos 20 millones de euros en ayudas el último año de lo más variopintas.

Decir robar es decir propiedad privada, y decir propiedad privada es decir libertad. Nadie puede considerarse libre si no es dueño de algo que lo pueda disponer sin ser coaccionado o impedido de su disfrute por un tercero. La necesidad de este derecho es tal que sin éste, por ejemplo, no sería posible calcular ningún coste, ni la retribución que se le ha de pagar a una persona para desempeñar su trabajo. Nadie sería dueño de nada para poder valorarlo. El desarrollo que ha experimentado el ser humano sería impensable si este derecho no existiese, por la simple respuesta de que el ahorro es imposible sin propiedad.

La ausencia de seguridad jurídica y la falta de estabilidad temporal de las normas sobre la posibilidad de retener los bienes, así como sus rendimientos, crea un perverso incentivo cortoplacista a saquear las propiedades comunes. “Lo que es del común es del ningún”, reza el refranero español. La explicación no puede ser más simple. Sin seguridad jurídica yo no puedo incluir un bien en mis planes a largo plazo, pues ignoro si tal bien será usado o consumido mañana por otra persona. Es más, en realidad sólo podré dar algún uso a ese bien si lo utilizo antes que los demás, si lo empleo para planes muy inmediatos (ya que, en caso contrario, serán otros quienes lo empleen). Así, se produce una carrera entre los potenciales usuarios para ver quién esquilma antes el bien, es decir, quién lo integra antes en sus planes.

El resultado es la progresiva degradación de la "riqueza natural", que no llegará a convertirse jamás en "riqueza humana". No sólo eso: nadie estará dispuesto a invertir en capital si no tiene la seguridad de que podrá rentabilizarlo.

En África la gran mayoría de las tierras son comunales. Nadie acepta sacrificar su riqueza presente en unas tierras cuyos rendimientos revertirán sobre otras personas que no han invertido. La tendencia, por tanto, es a limitar al máximo el esfuerzo laboral propio para consumir los bienes obtenidos por los compañeros de trabajo. Si el reparto de frutos no depende del esfuerzo individual sino del resultado común, ¿puede esperarse otra cosa que el parasitismo?.

De la misma manera, la ausencia de instituciones estables que garanticen el derecho de propiedad, y ya dije que puede darse el caso de que una dictadura preserve este derecho, y, al contrario, que un régimen donde los gobernantes sean elegidos democráticamente puede profanarlo, desalienta o espanta tanto a los propios nacionales como a los extranjeros a invertir allí su riqueza en forma de capital. Hay que tener presente que la inversión en capital supone sacrificar riqueza presente para obtener una renta futura que compense el sacrificio de no disfrutarla en el momento actual. La ausencia de propiedad, pues, no sólo vuelve incierta la facultad de disfrute de ese conjunto de rentas futuras, sino sobre la inversión de capital, fruto del ahorro, que da lugar a las mismas y que es la base del desarrollo.

Sin derechos de propiedad la riqueza se esfuma, la división de trabajo se resquebraja y el capital desaparece en cuanto a tal.

Cualquiera que eche una mirada al mundo podrá comprobar la evidencia de que esta inseguridad jurídica constituye uno de los principales problemas de los países con menor grado de desarrollo, y que, sin duda alguna, influye en la situación en la que se encuentra gran parte de su población. Tratar de favorecer el desarrollo de estos países se vuelve misión casi imposible mientras que los gobiernos de dichos países no garanticen un mínimo nivel de seguridad jurídica. Esta inseguridad no sólo constituye una violación de los derechos fundamentales del individuo, sino que constituye una barrera muy fuerte para el desarrollo del país, al no tener el tráfico comercial unas normas claras y precisas sobre cómo llevarse a cabo y estar supeditado a la norma particular de, por ejemplo, un control policial.

El coste de este no reconocimiento de los derechos de propiedad ha sido tratado ampliamente por muchos economistas y estudiosos. Podemos citar, entre ellos, a los clásicos Richard Cantillon, quien tituló uno de sus libros “Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general”, y a Adam Smith en su libro “Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”. Entre los más actuales destacaré por su amenidad a Hernando de Soto, que da ejemplos cotidianos escalofriantes, como el hecho de que en Haití se necesiten cumplimentar 65 trámites legales, lo que suele abarcar un periodo de dos años, simplemente para obtener un permiso para arrendar un terreno público por un periodo de cinco años.

Como anécdota, pero muy significativa, recuerdo una famosa experiencia que Robert Guest, corresponsal de “The Economist”, relató sobre el transporte de cerveza en Camerún. Con el objetivo de investigar el transporte de la misma por la selva de dicho país, se montó en un camión que iba a realizar un trayecto de unos 600 kilómetros con dicha mercancía. En principio se preveía que el trayecto pudiese ser finalizado en tres cuartas partes de un día, pero, al final, su duración fue de cuatro días. Indudablemente las pésimas carreteras, el hundimiento de un puente y las lluvias influyeron en la demora. Sin embargo, según el protagonista, el principal problema lo constituyó el hecho de ser detenidos por controles de policía 47 veces, con una demora en cada uno de ellos comprendida entre los cinco minutos y las cuatro horas. En cada uno de los controles se iniciaba un exhaustivo proceso de inspección del vehículo y su documentación, a la par que se empezaba a hablar de la forma en que se les debía "compensar" por haber infringido la ley. El pasajero no cesaba de preguntarse el motivo de estos controles. En uno de los controles pudo saber el motivo real, cuando el policía no encontró ningún problema y se inventó que se había violado una norma sobre el transporte de pasajeros en camiones de cerveza. Cuando Robert Guest le interpela al creer que dicha norma no existe, el policía le pregunta que si tiene un arma. Al obtener una respuesta negativa le dice "Bueno, yo sí, así que yo sé las normas y tu no".

Cambien ustedes lo de “arma” por “acuerdo parlamentario” y no hay más que sentarse a esperar para ver como la pobreza surge con la mayor naturalidad allí donde parecía que ser rico era el estado natural con el que los nativos vinieron a este mundo.

Manuel Molinos, economista, mayo de 2012.