Jurídico

Cada año la UE pierde al menos 500 millones de euros en gastos e ingresos como consecuencia de operaciones presuntamente fraudulentas. La Comisión Europea propone la creación de una Fiscalía Europea para acabar con las lagunas jurídicas utilizadas por unos cuantos delincuentes para apoderarse, de forma ilícita, del dinero de los contribuyentes.
 

La nueva Fiscalía Europea  será una institución independiente que servirá de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros de la UE —cuyas competencias se limitan a las fronteras nacionales— y los organismos de la UE, que no pueden realizar investigaciones penales.
 

La Fiscalía Europea estará integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Habrá un único Fiscal Europeo que garantizará la uniformidad de planteamiento en todas las actuaciones.
 

La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales.
 

Los tribunales nacionales asumirán el control jurisdiccional, lo que quiere decir que las actuaciones de la Fiscalía Europea se podrán recurrir ante ellos.
 

Los acusados de fraude contra el presupuesto de la UE también disfrutarán de más derechos procesales, como el derecho a recibir interpretación y traducción, a acceder a la documentación del asunto y a contar con un abogado. Además, la Comisión propone que se generalicen determinados derechos ya existentes en algunos países, como el derecho a guardar silencio y a la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a presentar pruebas y proceder al examen de los testigos.
 

La UE ya dispone de una Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Cuando la Fiscalía Europea esté en funcionamiento, la OLAF dejará de realizar investigaciones administrativas sobre fraudes u otros delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Sin embargo, seguirá investigando otras irregularidades como los delitos o faltas graves del personal de la UE que no tengan incidencia financiera.
 

Ahora la propuesta pasará a ser debatida por el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros. Según lo establecido en los Tratados de la UE, Dinamarca no participará en la Fiscalía Europea. El Reino Unido e Irlanda tampoco participarán, a no ser que decidan hacerlo voluntaria y expresamente. Si la nueva Fiscalía no obtuviera el apoyo de todos los Estados miembros, un grupo de al menos nueve países podría seguir adelante con su creación.