Jurídico

La percepción por parte de la ciudadanía de que nuestra Administración de Justicia sufre interferencias por parte del poder político preocupa al ministro, que considera como uno de los pilares básicos de esa Estrategia el fortalecimiento de la independencia de nuestro sistema judicial. Para ello, se han diseñado una serie de medidas como la revisión de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial, así como la regulación de las situaciones en las que jueces y magistrados puedan participar en política y retornar posteriormente a su labor jurisdiccional para impedir que los ciudadanos tengan dudas sobre su posible independencia.

Como segundo consenso básico de ese Pacto de Estado ofrecido por el Gobierno, prevalece el objetivo de fortalecer la Justicia, un reto en torno al que el ministro ha reafirmado su compromiso. Para ello será necesario dotar de mayor eficiencia y especialización a la planta judicial, ajustándola a las necesidades reales, para lo que será necesario transformar algunas unidades judiciales y crear otras nuevas.

Igualmente, se impone una revisión en profundidad del sistema procesal español, modernizando y simplificando las leyes procesales y suprimiendo los trámites innecesarios que retrasan la decisión judicial, así como los recursos y trámites dilatorios que obstaculizan la fase de instrucción. Rafael Catalá también considera imprescindible regular la acción colectiva de forma que un único proceso agrupe a múltiples perjudicados por un mismo hecho, e impulsar mecanismos de resolución extrajudicial como la mediación o el arbitraje.

Asimismo, para el titular de Justicia la clave de todas las reformas en el sector pasa por una transformación desde la tecnología, impulsando una Justicia avanzada, digital, próxima y accesible en todos los órdenes e instancias judiciales. La puesta en marcha de este proyecto de Justicia digital ya está produciendo sus resultados en España con datos que confirman su utilidad. Así, más de 600 juzgados, que tramitan el 65% de asuntos en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, trabajan íntegramente en formato digital y 5.500 usuarios, entre jueces, letrados o funcionarios, manejan a diario documentos digitales y usan firma electrónica.

El número de comunicaciones electrónicas ha ascendido hasta los 58 millones, lo que supone el 75% del total de nuestro sistema judicial, y se ha constatado un importante ahorro para profesionales y sedes judiciales.