Economía

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, que se tramitará por procedimiento de urgencia y que incluye una serie de medidas que reducirán la recaudación del Estado en 2.000 millones, como la del régimen especial de IVA, que permitirá no ingresar el impuesto hasta cobrar la factura y que beneficiará a 2,3 millones de pymes y autónomos.

En concreto, se podrán beneficiar de esta medida casi 1,3 millones de autónomos y más de un millón de pymes siempre que no estén sujetos al sistema de módulos y cuenten con un volumen de negocios inferior a los dos millones de euros. Para evitar incentivos al retraso de obligaciones de pago, se retardará la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago. Según ha indicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esta ley «busca establecer facilidades para la creación de empresas» y cuenta para ello con «un importante apartado fiscal».

De esta medida se podrán beneficiar autónomos y pymes que no estén sujetos al sistema de módulos y cuenten con un volumen de negocios inferior a los dos millones de euros. Por otro lado, la vicepresidenta ha señalado que el nuevo texto incluye una variación en la que se amplía de 200 mil a 400 mil el límite de recursos propios de las empresas en las que inviertan los “business angels” para poder optar a la deducción del IRPF.

Asimismo, se contemplan otros incentivos fiscales, como la deducción del 10% del Impuesto de Sociedades, se amplía la deducción por actividades de investigación y desarrollo a todas las empresas y se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo.

Por otro lado, para favorecer la llegada de inversión a España, el Gobierno facilitará el permiso de residencia a aquellas personas que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros y compras de deuda pública por más de 2 millones de euros.

La ley crea también la figura del emprendedor de responsabilidad limitada a través de la cual la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales no afectará a su vivienda habitual siempre que su valor no supere los 300.000 euros. No obstante, la limitación de responsabilidad no se aplicará ni cuando el empresario hubiese actuado fraudulentamente o con negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros.

Se incentiva la creación de empresas

Se fomentará el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida educativa y etapa escolar, la internacionacialización y se abarata el coste inicial de constituir una sociedad con la creación de la figura de sociedad limitada de formación. Esta figura permitirá la creación de empresas con un capital inferior a los 3.000 euros con un régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada.

Para agilizar la creación de empresas se crean los puntos de atención al emprendedor, que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial.

Con el objetivo de facilitar la segunda oportunidad, se crea un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en otros países. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta tres años.

Se busca eliminar cargas administrativas

El Gobierno se compromete a revisar el clima de negocios de forma permanente y desarrolla una nueva cláusula bajo el nombre ‘one in one out’, por que la que se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra. Además, incluye una serie de medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la Inspección, entre otras cosas.

Asimismo, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña y mediana empresa.


http://www.mpr.gob.es/consejo/ruedasdeprensa/2013/240513-consejo.htm