Consultoría jurídica y de seguros
inicio 20 / 11 / 2017

Entrevistas

HACIENDA SÍ SOMOS TODOS. Juan José Vázquez Portomeñe Seijas.

Los principios de legalidad y de igualdad en la aplicación de la Leyes constituyen el núcleo de las reglas de actuación del Estado de Derecho y de los empleados a su servicio.

La constitución, la fundamental de las normas que integran nuestro ordenamiento legal, base de todas las restantes, inicia su articulado proclamando que España se constituye (esto es, pasa a ser, por su virtud) en un Estado de Derecho, un modelo de organización social basado en el gobierno de las leyes donde éstas obligan a todos y en el que todo acto de los poderes públicos debe poder ser reconducidos a su aplicación, prohibiéndose los ajenos a tal amparo. Dichas leyes han, además, de servir a ciertos valores superiores que la misma Constitución proclama como su inspiración suprema, cuya enumeración abre también el Texto Fundamental. Entre ellos figura, destacadamente, la igualdad, como su art. 9 refrenda al señalar que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Los particulares y órganos del Estado están, pues, igualmente sujetos a los deberes que las leyes les imponen, en los exactos términos que ellas establezcan. No caben excepciones o modulaciones a dicho principio, como el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión reiterada de señalar. Los españoles, afirma enfáticamente el art. 14 de la Constitución, son iguales ante la ley, excluyéndose toda discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.           

Entre los deberes básicos que sujetan a todos los ciudadanos está el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el sistema tributario, como proclama el art. 31 del Texto Fundamental. Para velar por ello se ha creado un gran aparato administrativo que cuida de la puntual aplicación de las leyes  fiscales y sanciona su vulneración. En tal función, dicha organización está sometida a un estricto principio de legalidad y de igual aplicación de tales normas, hasta el punto de que la trasgresión de dichas directrices es causa de responsabilidad, incluso penal, de los empleados públicos incumplidores. Son tales notas de imperatividad, igualdad y universalidad del sistema fiscal las que otorgan plena justificación a la afirmación de que Hacienda somos todos, que significa, sencillamente, que nadie puede quedar al margen de los deberes fiscales ni de las consecuencias punitivas inherentes a su vulneración en razón de su condición personal o social o por otros motivos ajenos a la estricta aplicación de las leyes.

Los principios de legalidad y de igualdad en la aplicación de las leyes constituyen el núcleo más profundo de las reglas de actuación del Estado de Derecho y de los empleados a su servicio. Señaladamente, de aquéllos cuyas funciones les aproximan en mayor medida a proteger su vigencia, como la Abogacía del Estado. Su obediencia forma parte del juramento o promesa exigido imperativamente para iniciar su cometido. Que una frase precipitada por el fragor procesal, discordante de su propósito real y marcadamente sacada de contexto (como la que recientemente ha ocupado innumerables titulares) no diluya, en lo más mínimo, la legítima confianza ciudadana en que el Estado y quiénes lo servimos pugnamos cada día por hacer valer tales principios, que definen nuestro cometido e informan nuestra misma naturaleza. También los servidores públicos, como los demás ciudadanos, somos Hacienda y es nuestra responsabilidad que ese hecho inobjetable despliegue, dentro de nuestras competencias, todos los efectos que se son propios.

El autor es Abogado del Estado - Jefe en la provincia de Pontevedra. 

0 comentarios compartir:


Usuario: :
Avd. Juan XXIII, nº 42 2º    |    986 731 286    |    690 617 187    |    info@foro-lex.com    |    aviso legal
GDR O Salnés