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inicio 25 / 09 / 2017

Jurídico

Se aprueba el Proyecto de L.O. de Protección de la Seguridad Ciudadana

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que actualiza la normativa vigente desde 1992. La norma define, por primera vez, el concepto de seguridad ciudadana y crea un marco jurídico adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han recordado que el documento, que fue presentado el pasado 23 de noviembre, ha sido sometido a un amplio trámite de audiencia en el que distintos órganos consultivos, organizaciones y asociaciones han hecho sus sugerencias.
 

Jorge Fernández Díaz ha asegurado que fruto de esas aportaciones el texto tiene "una mayor calidad jurídica, es profundamente garantista con los derechos y libertades de los ciudadanos y tiene un pleno encaje en nuestra Constitución".
 

Pool Moncloa / Acceso libreEl ministro ha explicado que el Proyecto de Ley está en perfecta sintonía con el Proyecto de Código Penal que se está tramitando en las Cortes y hace posible la despenalización de las faltas. En consecuencia, determinadas conductas que estaban sancionadas en el Código Penal pasarán a estarlo en una norma administrativa.

Además, los ciudadanos tendrán más garantías a la hora de ser identificados o cacheados en las vías públicas. En este sentido, Fernández Díaz ha avanzado que la futura ley "prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos". De manera novedosa se regula que el traslado de un ciudadano a dependencias policiales sólo se practicará cuando no sea posible la identificación de la persona por medios físicos o telemáticos en el lugar donde se solicite y siempre será por el tiempo estrictamente necesario para realizar este trámite, que no podrá superar las 6 horas.
 

La nueva norma también define mejor los tipos de infracciones y detalla los criterios a aplicar para determinar la cuantía de las multas. Las infracciones se dividen en muy graves, graves y leves. Las muy graves se sancionarán con una multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.
 

En cuanto al derecho de manifestación, el titular de Interior ha reiterado que el texto no modifica la ley orgánica reguladora del derecho de reunión y manifestación y sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas. "En ningún caso reprimir, sino todo lo contario, garantizar más el ejercicio de un derecho fundamental como es el de manifestación o reunión. De tal manera que la ley por primera vez protege ese derecho y sanciona precisamente como infracción grave la perturbación del desarrollo de una manifestación", ha dicho.

 

Castellano y lenguas cooficiales




Pool Moncloa / Acceso libre

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica de Educación. Esa disposición, denominada "Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal", establece la obligación, por parte de las administraciones educativas, de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de forma que al finalizar la educación básica todos dominen de forma oral y por escrito la lengua castellana y la lengua cooficial correspondiente.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,  ha recordado que las comunidades autónomas han optado por dos sistemas. El de bilingüismo, en el que tanto el castellano como la lengua cooficial propia se utilizan en proporciones variables como lenguas vehiculares en las asignaturas no lingüísticas, y el sistema de inmersión lingüística, en el que las asignaturas no  lingüísticas se imparten exclusivamente en la lengua cooficial propia.


La norma aprobada, ha señalado, tiene como objetivo que las comunidades que utilicen el sistema de inmersión lingüística cuenten con "alguna oferta sostenida de fondos públicos que utilice el castellano como lengua vehicular en una proporción razonable".


José Ignacio Wert ha aclarado que la norma no intenta establecer modelos de utilización del castellano como lengua vehicular exclusiva en las Comunidades que tienen lengua cooficial propia: "Ése no es el objetivo de la Ley ni es el objetivo de esta norma. Insisto, simplemente se trata de garantizar ese derecho que tiene reiteradamente reconocido el Tribunal Constitucional".


Únicamente se activa el mecanismo que contempla este Real Decreto en el caso de aquella o aquellas administraciones educativas que incumpliesen el deber constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como lenguas vehiculares en su programación educativa.


Beneficiarios


El mecanismo tiene como beneficiario al alumnado que curse educación básica, es decir, desde la primaria hasta el final de la secundaria obligatoria, y el periodo compensado va desde el inicio del curso en que se reconozca el derecho hasta la terminación de la educación obligatoria.


Los requisitos para acogerse al sistema son que el modelo educativo sólo contemple el uso del castellano en la asignatura de Lengua y Literatura Castellana, que no exista una oferta pública de castellano en proporción razonable, que los padres o los tutores legales hayan solicitado de forma fehaciente enseñanza con la utilización vehicular del castellano y que esa solicitud no haya sido atendida, y, por último, que el alumno se haya tenido que matricular en un centro privado.


Ante un posible recurso de inconstitucionalidad contra la regulación del aprendizaje de la lengua castellana que se hace en la nueva Ley de Educación,   el ministro de Educación, Cultura y Deporte se ha mostrado "muy tranquilo sobre el título competencial que esgrime" el Gobierno porque en la norma "no existe ningún tipo de abuso de poder" frente a ninguna comunidad autónoma.
 

Planes hidrológicos del Segura y del Júcar

Pool Moncloa / Acceso libre
La vicepresidenta del Gobierno ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, con lo que se concluye "en un tiempo récord" la planificación hidrológica competencia del Estado con "gran participación, consenso y transparencia".
 

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que Plan del Segura aboga por mantener el regadío existente en la cuenca por su alto valor social y económico y lo hace compatible con la protección y reparación de los valores medioambientales de la cuenca. Para alcanzar los objetivos previstos en su programa de medidas, se contemplan actuaciones por valor de 4.800 millones de euros, a financiar por todas las administraciones afectadas de aquí al 2027.
 

Por lo que respecta al nuevo Plan del Júcar, incluye novedades destinadas de forma prioritaria a la protección del medio ambiente, da soluciones a cuestiones importantes en la demarcación, como la regulación del sistema de abastecimiento a Albacete, el reconocimiento del Convenio de Alarcón o las reglas de explotación en el sistema Júcar. Para alcanzar los objetivos propuestos en su programa de medidas, se contemplan actuaciones por importe de 5.460 millones de euros, a financiar como en el caso anterior por todas las administraciones hasta el 2027.
 

Fortalecimiento del sector industrial


 Pool Moncloa / Acceso libreEl Consejo de Ministros ha aprobado laAgenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, que es un plan de acción integrado por un conjunto de propuestas concretas de muchos órganos del Gobierno.


La vicepresidenta ha resaltado que el sector industrial, entendiendo por tal manufacturas más energía, representa el 15,9% del PIB de la economía española y genera más de dos millones de empleos. La industria es el sector que realiza el mayor esfuerzo en I+D+i, el 48,3% el 2012, y representa más del 20% del peso de las exportaciones.  A su juicio, "el sector industrial puede y debe ejercer un papel clave en el proceso de crecimiento, recuperación de la economía española y creación de empleo".


Soraya Sáenz de Santamaría ha añadido que con la puesta en marcha de este plan "se van a desarrollar las condiciones para que podamos mejorar la actividad industrial y para que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el PIB".
 

Asuntos de actualidad

Pool Moncloa / Acceso libre
La vicepresidenta del Gobierno ha informado que el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, han mantenido esta mañana una conversación telefónica cordial y, "a partir de ahí trabajaremos para que pueda concertarse un encuentro", para el que no existe fecha y tampoco "se han acotado los términos". Preguntada respecto a si en el encuentro se hablará de la consulta soberanista, Sáenz de Santamaría ha dicho que  "el presidente mantendrá su posición, que es la del Congreso y del Tribunal Constitucional", porque sobre eso "no puede disponer ningún gobernante".


La portavoz ha expresado "la disposición absoluta a la cooperación"  del Gobierno con los comisarios europeos en la investigación de posibles irregularidades en las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana y ha puntualizado que las objeciones corresponden a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 y que "desde abril de 2012 no hay ninguna".


Ante el interés por el coste de los actos de proclamación del Rey Felipe VI, Fernández Díaz ha destacado la "absoluta normalidad y pacífica convivencia " en que se ha desarrollado la sucesión en la jefatura del Estado, cuyo coste en seguridad no ha sido "ni muchísimo menos" el de otros eventos "sin esa trascendencia histórica", por ejemplo deportivos. "La seguridad no ha sido noticia, lo que es una buena noticia", ha concluido.

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